Las protestas agrarias ponen el foco en la situación de precariedad que vive el sector en España. Analizamos a fondo las principales reivindicaciones de agricultores y ganaderos, y la crisis que afronta el sector.
El sector agrario está protagonizando en las últimas semanas importantes movilizaciones en toda España. Con el lema común de defender el futuro de la agricultura y la ganadería, las protestas agrarias denuncian la situación de precariedad que vive el sector, y reclaman precios justos y un marco legal que proteja a la parte más vulnerable de la cadena alimentaria.
La reciente imposición de aranceles a la aceituna, el aceite, el queso y el vino en Estados Unidos, el veto ruso a los productos agroalimentarios europeos, los recortes esperados en la nueva PAC, la Política Agraria Común europea, o el reto de la crisis climática, que está afectando con dureza al campo y la actividad agraria, son algunas de las gotas que han colmado el vaso, y que han venido a agravar una situación ya de por sí crítica para el sector agrario en España.
Las organizaciones agrarias UPA, ASAJA y COAG han convocado movilizaciones y protestas agrarias hasta el 21 de febrero en todo el territorio nacional. Analizamos a fondo las principales reivindicaciones y la problemática que afronta el sector agrícola y ganadero en España.
PRECIOS JUSTOS
Una de las principales consignas de las protestas son unos precios justos para el campo. Desde el sector señalan que los precios en origen que se pagan al productor, se mantienen en niveles de hace décadas. La patata, por ejemplo, en 1993 se pagaba de media a 22 céntimos el kilo y en 2018 su precio medio estaba en los 11 céntimos. Sin embargo, los costes de producción no han parado de aumentar.
Se reclaman unos precios justos que cubran los costes de producción y aseguren una mínima rentabilidad de las explotaciones.
La venta a precios mínimos, e incluso por debajo de costes, es una práctica generalizada que ahoga a los pequeños productores y conlleva el cierre de miles de pequeñas explotaciones familiares cada año, que no pueden mantenerse a flote vendiendo a pérdidas.
A modo de ejemplo, sólo en el sector lácteo, desaparecieron más de 700 granjas familiares en 2019, dos granjas familiares cada día . Sin embargo la producción aumentó, evidenciando una mayor concentración en grandes explotaciones intensivas. El precio en origen de la leche en España es más bajo que la media europea, y también inferior al de otros países productores que exportan a España, como Francia, Holanda o Alemania.
El cierre de pequeñas explotaciones es una constante en los distintos sectores de producción agraria. Y la tendencia hacia la concentración favorecida por los bajos precios es también similar. Desaparecen las granjas y explotaciones familiares en favor de una producción intensiva, mecanizada y concentrada en grandes empresas.
Las pequeñas producciones familiares agrícolas y ganaderas son claves para fijar población en el medio rural y frenar el despoblamiento. Sabemos que en pequeñas explotaciones hay más biodiversidad y su impacto medioambiental es mucho menor. Los pastos son importantes sumideros de carbono y la ganadería extensiva favorece la conservación de bosques y dehesas, y mejora la calidad del suelo y la propagación de las semillas.
Así, además del drama demográfico y personal que implica el cierre de una pequeña granja familiar, la intensificación agrícola y ganadera conlleva una mayor pérdida de biodiversidad, y un mayor impacto medioambiental.
VENTA A PÉRDIDAS
Las organizaciones agrarias denuncian que la llamada venta a pérdidas, o venta por debajo de los costes de producción, es una práctica constante por parte de grandes cadenas de distribución, y reclaman una nueva regulación que prohíba eficazmente la venta a pérdidas.
Hasta el año 2018, la venta a pérdidas estaba prohibida en España de forma general por la Ley del Comercio Minorista. Sin embargo, a partir de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideraba la prohibición genérica de venta a pérdidas incompatible con la normativa europea, España tuvo que modificar su legislación. Así, actualmente, la venta a pérdidas sólo se prohíbe si va vinculada a prácticas desleales, bien porque se induce a error al consumidor, porque se busque desacreditar la imagen de un producto o un establecimiento, o cuando forme parte de una estrategia dirigida a eliminar a un competidor. Ello ha supuesto, en la práctica, dejar a los productores sin un mecanismo de protección ante la fuerte presión en los precios de las grandes cadenas de distribución y transformación.
Las organizaciones agrarias exigen una reforma de la ley que prohíba de forma efectiva la venta a pérdidas. Señalan la responsabilidad de la gran distribución en devaluar los productos agrarios básicos, como el aceite o la leche, y utilizarlos como reclamo para atraer al consumidor . Varias campañas de grandes superficies han levantado ampollas recientemente en este sentido: la campaña de la cadena de supermercados DIA, por “hundir el precio del pollo”; o la última campaña de LIDL bajo el lema del “Preciobajismo”, o la campaña de Carrefour, regalando fresas con la compra durante las movilizaciones de este mes, son algunos ejemplos.
COMPETENCIA DESLEAL
Naranjas de Chile o Sudáfrica, miel de China, hortalizas de Marruecos… Las protestas agrarias también ponen el foco en la masiva entrada de productos provenientes de países no comunitarios, que están sujetos a normas de producción menos exigentes que las Europeas. Y que, además de tumbar los precios, suponen un engaño al consumidor.
Fuentes de las organizaciones agrarias explican que algunos productos importados llevan fitosanitarios que en la Unión Europea no están permitidos. Además, estos productos no pasan por los continuos controles que pasan los productores nacionales, ni están sujetos a los mismas exigencias medioambientales o de calidad. Además, las condiciones y derechos laborales en estos países tampoco cumplen con los estándares europeos. Denuncian que estos productos luego se etiquetan en España, induciendo a error al consumidor, y urgen la necesidad de imponer la obligatoriedad de reconocer el origen de todos los alimentos en su etiqueta.
En 2018, el Gobierno comenzó a legislar en este sentido, con el Real Decreto 1181/2018 relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de leche y productos lácteos. Esta medida, que entró en vigor en marzo de 2019 y tiene una duración inicial de dos años, obliga a incluir en la etiqueta tanto el país de origen del ordeño, como el país de transformación del producto.
El sector reclama medidas como éstas para todos los alimentos, ya que suponen ofrecer mayor información al consumidor y permitirle elegir productos nacionales, de mayor calidad, y que además generan valor en el territorio y frenan el despoblamiento rural.
DESEQUILIBRIOS EN LA CADENA AGROALIMENTARIA
Otro de los reclamos del sector agrario es un mayor equilibrio en la cadena agroalimentaria ya que, a día de hoy, agricultores y ganaderos son la parte más vulnerable y que más presión sufre.
La transformación y la comercialización de alimentos está dominada por multinacionales con un gran poder para fijar los precios, mientras que el productor debe asumir una buena parte de los riesgos sin apenas capacidad para negociar precios y trasladar el aumento de los costes de producción que afronta.
Las organizaciones del sector señalan que hay un grave problema en la fijación de precios, donde la industria procesadora, dominada en buena parte por multinacionales, fija los precios de forma casi unilateral.
Los datos analizados muestran que España presenta uno de los mayores desequilibrios en la formación de precios de la Unión Europea, donde la industria procesadora aumenta su margen cuanto más fluctúan los precios.
La industria procesadora traslada al precio de venta una buena parte del aumento de los precios del agricultor, pero sin embargo apenas refleja las bajadas, con lo que el productor acaba soportando la competencia entre supermercados. Cuando los precios del productor suben, ello repercute en buena parte en el precio que paga el consumidor final, sin embargo cuando bajan el consumidor apenas lo nota. Esto hace que cada bajada de precios haga difícil una subida posterior.
En este interesante artículo se ofrece un amplio análisis de la evolución de los precios de los alimentos, desde los precios al productor, a los de la industria procesadora y los de venta al público.
Las organizaciones agrarias piden medidas para fortalecer la posición del productor, y acabar con las situaciones de abuso de la posición dominante de las grandes multinacionales para controlar el mercado y especular con los alimentos.
Asimismo reclaman que se tomen medidas para favorecer los canales cortos de comercialización, y facilitar la venta directa de los productores al consumidor.
CRISIS CLIMÁTICA
Los efectos del cambio climático afectan con dureza al campo y apuntan a unos riesgos cada vez mayores para la actividad agraria. Los devastadores efectos de la reciente borrasca Gloria, con algunas explotaciones al 100% de la producción perdida, así como infraestructura agraria destrozada. son sólo un ejemplo reciente.
Agricultores y ganaderos llevan años sintiendo los cambios en los patrones de precipitaciones y temperaturas, que se traducen en un aumento de las necesidades hídricas de los cultivos, una mayor escasez del agua disponible para riego, y más riesgos de plagas.
Las organizaciones agrarias recalcan la necesidad de adaptar el sector al nuevo escenario que representa el cambio climático. Es importante favorecer el acceso a recursos e información, y brindar incentivos y apoyo económico a agricultores y ganaderos para que puedan afrontar la adaptación.
Igualmente, defienden la importancia de contar con unos seguros agrarios que cubran todas las dificultades que están afrontando, y que sean asequibles para los agricultores y ganaderos.
Por otra parte, también se reivindica un mayor reconocimiento de la contribución de agricultores y ganaderos en la lucha contra el cambio climático. Para alimentar al mundo, el sector genera alrededor del 11% de emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, diversos métodos de gestión sostenibles, como la ganadería extensiva o la agricultura de conservación, permiten secuestrar carbono en los suelos, evitar incendios forestales y favorecer la biodiversidad.
Así pues, agricultores y ganaderos deben tener un papel protagonista en la búsqueda de soluciones para afrontar los retos que representa la crisis climática.
MOVILIZACIONES AGRARIAS EN EUROPA
Las protestas de agricultores y ganaderos en España coinciden con otras masivas movilizaciones del sector que se vienen produciendo en los últimos meses en diversos países europeos. Las más recientes en Francia y Alemania. Buena parte de las reivindicaciones son comunes. Precios justos, acabar con la venta a pérdidas, los recientes aranceles, o la competencia de países no europeos –con el recién aprobado acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur–, son elementos centrales para asegurar el futuro de pequeños agricultores y ganaderos en Europa.
Como en España, la presión en los precios, la venta a pérdidas y el aumento de costes de producción suponen el cierre de las pequeñas explotaciones. Desde Alemania y Francia se denuncia también un abuso de posición de dominio de la gran distribución. En Alemania por ejemplo, 4 grandes supermercados controlan el 85% de la distribución a nivel nacional. Y con sus agresivas bajadas de precios de los alimentos, como reclamo al consumidor, son señalados como parte del problema.
En toda Europa la producción se está concentrando y las pequeñas granjas y explotaciones familiares desaparecen. Entre 2005 y 2013, 3,7 millones de explotaciones han desaparecido, lo que representa una caída de 26% (de 14,4 a 10,7 millones). La pérdida proporcional de las explotaciones ganaderas fue aún más pronunciada, cayendo un 32%, de 9 a 6,1 millones, en el mismo período.
En este reciente informe de Greenpeace, se analiza la fuerte intensificación de la agricultura y la ganadería en Europa, con los problemas medioambientales, demográficos y de salud pública que ello conlleva. Según el estudio, más del 70% del ganado que se cría en la Unión Europea proviene de macrogranjas.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
El Gobierno ha reaccionado a las protestas y movilizaciones agrarias. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha creado la Mesa de Diálogo Agrario, iniciando una serie de reuniones con las organizaciones agrarias y algunos sectores especialmente afectados, así como una ronda de contactos con los principales representantes de toda la cadena de valor agroalimentaria, desde la industria transformadora hasta la gran distribución, para buscar una solución coordinada a la crisis que vive el sector agrario.
También, se ha esbozado una hoja de ruta inicial con una serie de propuestas para dar respuesta a las principales demandas del sector:
Por una parte, se ha anunciado la intención de aumentar la dotación presupuestaria para apoyar el sistema de los seguros agrarios, una herramienta clave para los productores en casos de pérdidas en la producción debida a condiciones climáticas adversas.
En relación a los precios, se está elaborando una propuesta de modificación de la ley de cadena alimentaria, donde se incluirá una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas, incluyendo la venta a pérdidas; la obligatoriedad de incluir el coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios; y la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos.
Igualmente, se ha convocado al Observatorio de la Cadena Alimentaria, para llevar a cabo un análisis pormenorizado de los precios, en especial en los sectores más afectados como el aceite de oliva y las frutas y hortalizas. El ministro, Luis Planas, ha subrayado la necesidad de dotar de mayor transparencia y equilibrio a la cadena agroalimentaria.
El Gobierno también propone la modificación de la ley de organizaciones interprofesionales con el objetivo de aumentar su presencia en los distintos sectores. Y plantea la necesidad de aumentar la dimensión de las cooperativas y reforzar la organización de la oferta del sector productor para fortalecer su posición negociadora.
El ministro recalca, asimismo, el compromiso del Gobierno en negociar el mantenimiento del presupuesto de la futura PAC, y en defender que los productos provenientes de países no europeos cumplan con los mismos estándares de calidad y sanidad de la Unión Europea, y con unos precios de entrada en el mercado.
Un diálogo continuo con agricultores, agricultoras, ganaderas y ganaderos, así como con otros actores de la cadena agroalimentaria, deberá ser esencial para desarrollar las citadas propuestas, dar respuesta a las legítimas reivindicaciones del sector agrario y afrontar los retos que se plantean en un sector estratégico para la economía española.
LA CREACIÓN DE ALIANZAS ES CLAVE PARA EL FUTURO DEL SECTOR
Tanto el Gobierno como las organizaciones agrarias reconocen que una parte de la crisis que vive el sector podría afrontarse favoreciendo una mayor unión de los pequeños productores y facilitando la creación de alianzas entre empresas en cada uno de los sectores productivos.
La digitalización del territorio rural y del sector agrario plantea nuevas oportunidades a la hora de fomentar la modernización y mejorar la competitividad de las pequeñas explotaciones. Y también abre nuevas vías para facilitar la creación de redes y alianzas entre las pequeñas empresas del sector.
sostenibl.es es la primera red digital de microempresas y pymes en el sector agroalimentario ecológico, diseñada para facilitar la creación de alianzas y oportunidades de negocio entre empresas a lo largo de la cadena agroalimentaria.
La red favorece el contacto directo entre las empresas en la cadena de valor, impulsando canales cortos de comercialización. Además, ofrece importantes ventajas comerciales para los miembros de la red.
Si deseas saber más sobre el funcionamiento y los beneficios de formar parte de la red sostenibl.es, escríbenos a hola@sostenibl.es o consulta nuestra web.